La Cámara Federal de Apelaciones de Salta declaró inconstitucional la ley 27.609, que establecía la fórmula de movilidad jubilatoria implementada durante el gobierno de Alberto Fernández y ordenó a ANSES que recalcule los haberes del damnificado a través de una fórmula alternativa que combine en partes iguales el Indice de Precios al Consumidor (IPC) y el índice salarial RIPTE.
Sumado a esto, dispuso que se elimine el tope de haberes máximos, ya que lo consideraron arbitrario en el contexto del caso.
La decisión se dio en el caso “Palavecino, José Rubén c/ANSES s/Reajustes Varios”, en el cual se determinó que entre 2021 y 2023 el jubilado perdió un 42% de su poder adquisitivo.
Según el fallo, durante ese período la jubilación de Palavecino aumentó un 987%, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) superó el 1.400%. A partir de esas cifras, la Cámara concluyó que esto vulneró derechos constitucionales, especialmente el de una jubilación digna establecido en el artículo 14 bis de la Constitución.
