En declaraciones radiales, el presidente de IOMA, Homero Giles, se refirió al anuncio del intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, de dejar a los trabajadores municipales sin la obra social: “Nos enteramos por las redes sociales, no tenemos ninguna notificación oficial de esa intendencia. Se ve al intendente celebrando el convenio con una empresa de medicina prepaga (Avalian) que puede ser muy buena o no, pero más allá de eso hay muchas inconsistencias y desconocimiento”.
Días atrás, con críticas al gobernador bonaerense Axel Kicillof, el mandatario de San Nicolás, anunció, a través de un hilo de Twitter, que llegó un acuerdo con la obra social Avalian para aquellos empleados municipales que elijan desligarse de IOMA.
El titular de la obra social de la provincia de Buenos Aires, expresó que el municipio “aprobó una ordenanza que autoriza al intendente a desvincularse de IOMA. Puede desadherir y suponiendo que sea correcto, debe afiliar a una obra social y esta es una prepaga”.
A su vez, destacó que el intendente Passaglia “habla de una licitación pero no lo sabemos porque no cumple uno de los fundamentos que es la transparencia y que sea público” y por lo tanto “no se puede consultar en ningún lado si existió”.
Giles resaltó que desde el punto de vista de la entidad la ordenanza “es inconstitucional y así lo ha emitido un dictamen de la Asesoría General de Gobierno de la Provincia”. En ese sentido, puntualizó que se llevó a cabo un relevamiento para conocer la opinión de los trabajadores de la comuna sobre el conflicto y reveló que “el 99% nos dijeron que quieren seguir en IOMA y el intendente desconoce esta situación”.
El titular de IOMA también repudió que Rodolfo Cecchi, secretario general del sindicato de municipales de San Nicolás, quien “tuvo una participación muy dinámica tratando de defender a los trabajadores en contra de esta medida intempestiva” haya recibido “una notificación del municipio diciendo que iba a dejar de trabajar en ese lugar” donde se encuentra “hace muchísimos años y lo pasaron a una delegación a 20km de su lugar de trabajo”. Y denunció que se trata de “una persecución política, un castigo que le han dado por expresar su voluntad”.
