El Gobierno finalmente vetó los proyectos de ley que establecían incrementos en las jubilaciones en general, del bono de refuerzo para los haberes previsionales mínimos, la extensión de la moratoria y la declaración de la emergencia en discapacidad, sosteniendo que las tres iniciativas no contemplan su correcto financiamiento y que fueron sancionadas de manera “irresponsable” por medio de una “mayoría transitoria”.
“El procedimiento mediante el cual se otorgó sanción definitiva a los proyectos de ley constituyó un atentado directo contra nuestra Constitución Nacional”, aseveró el Poder Ejecutivo en los considerandos de la norma que veta en su totalidad los proyectos registrados con los números 27.791, 27.792 y 27.793.
Si bien el decreto 534/2025, que se publicó hoy en el Boletín Oficial sobre el filo del vencimiento del plazo, no reviste el carácter de “necesidad y urgencia”, está suscripto no solo por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sino por la totalidad de los ministros del Gabinete.
Fuentes de financiamiento
Entre los fundamentos de los vetos a los tres proyectos se señala lo estipulado en la ley 24.156 de Administración Financiera, respecto a que “toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento” e incluso destaca que ese concepto está incorporado al reglamento del Senado.
“El cumplimiento de dicha regla no puede considerarse satisfecho cuando las supuestas fuentes de financiamiento invocadas carecen de correlación directa con los gastos dispuestos por el proyecto”, precisó, al tiempo que remarcó que la ley exige “no solo la mención de una fuente, sino su efectiva capacidad de financiamiento, lo cual implica que los recursos sean concretos, específicos, actuales y suficientes”.
En ese orden, advirtió que el Poder Legislativo “debe actuar con sensatez institucional, de forma responsable, cuidando de no emitir disposiciones cuya aplicación afecte las cuentas públicas”, así como que la administración de los recursos públicos “debe ser realizada en forma responsable”.
“Del análisis de los proyectos sancionados por el Poder Legislativo Nacional se observa que ninguno de ellos cumple con los recaudos legales antes mencionados”, aseguró.
Aumento a jubilados, moratoria y ley de discapacidad: qué gastos representan
Según el Gobierno, los proyectos en conjunto representarían un gasto adicional al previsto de más $ 7 billones para 2025 y de cerca de $17 billones para el año próximo, equivalentes respectivamente al 0,9% y al 1,68% del Producto Bruto Interno (PBI) y un aumento de aproximadamente el 6% del gasto primario.
En su defensa, el Gobierno puso de relieve que “tras 19 meses de mandato” las jubilaciones iniciaron “una senda de recuperación” que sería dañada de no vetarse los proyectos, ya que aumentarían “en forma significativa e irresponsable el gasto del Estado Nacional sin la correspondiente generación de recursos”.
“A fin de garantizar que el sistema sea justo y equitativo, resulta fundamental continuar por la senda propiciada por la actual gestión, toda vez que por ella se garantiza, por primera vez en décadas, que los jubilados nunca más pierdan contra la inflación”, agregó.
Además de objetar lo que consideró una falta de precisiones en lo que respecta al financiamiento de las medidas propuestas, el Poder Ejecutivo fue más allá al cuestionar “el proceso legislativo seguido para la aprobación de estos proyectos” que a su juicio “se encuentra viciado por graves nulidades que impiden al Poder Ejecutivo Nacional proceder a su promulgación”.
Al respecto, señaló que la sesión del 10 de julio en la que el Senado sancionó los proyectos “fue llevada adelante sin que se haya citado de forma previa a los integrantes” de la cámara, por lo que la sanción de las leyes fue “irresponsable”.
“No resulta tolerable permitir que una mayoría transitoria del Honorable Congreso de la Nación pueda manipular las reglas básicas del Poder Legislativo a fin de imponerse sobre las minorías”, argumentó, para concluir que “el procedimiento mediante el cual se otorgó sanción definitiva a los proyectos de ley constituyó un atentado directo contra nuestra Constitución Nacional”.
El comunicado oficial por el veto
La Oficina del Presidente publicó un comunicado que asegura que los proyectos fueron aprobados por el Congreso de manera “irresponsable” y en “pleno ciclo electoral con el evidente objetivo de hacer campaña”.
El Gobierno apuntó contra los legisladores que aprobaron el aumento para jubilados, el bono de $110.000, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad y los acusó de disfrazar “con causas nobles su intención de provocar la ruptura del orden macroeconómico que tanto nos costó conseguir”.
“Este Presidente prefiere decir una verdad incómoda en lugar de repetir mentiras confortables. No hay plata, y la única forma de hacer a Argentina grande otra vez es con esfuerzo y honestidad, no con las mismas recetas de siempre”, finaliza el comunicado.
