El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que el gobierno vetará los proyectos que buscan una reforma previsional que otorgue un aumento a los jubilados o mejoras a los subsidios por discapacidad y que ya tienen el aval de la Cámara de Diputados.
“Nosotros sostenemos desde siempre que no existen los recursos para esto”, dijo Franco y poco después de la media sanción de Diputados lo ratificó el vocero presidencial, Manuel Adorni. “
¿De dónde salen los recursos para generar ese incremento? Por más que pongan aumento de partidas, si no están los recursos de ninguna manera va a poder aprobarse una ley de esta manera”, dijo el vocero.
Francos enfatizó que no existen recursos en el Estado para financiar los proyectos de la oposición y sentenció: “No hay magia acá, si no están los fondos, no se pueden establecer los gastos. Caso contrario, el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) la va a vetar”.
Luego de la sesión en la que la oposición logró aprobar un aumento del 7,2 % el incremento del Bono de 70.000 a 110.000 pesos y la reapertura de la Moratoria Previsional, el jefe de Gabinete consideró que es necesaria una reforma laboral “para que existan más trabajadores activos, con una relación razonable es de cuatro trabajadores activos por cada jubilado según las pautas internacionales para un sistema previsional”.
De esta forma, aclaró que “una reforma laboral no va a tener impacto inmediato”, ya que llegar a cuatro activos por jubilado “no va a suceder de un día para el otro y será necesaria también una reforma tributaria”.
Por su parte, legisladores de La Libertad Avanza (LLA) y algunos del Pro pusieron su firma en un proyecto que solo busca disponer la creación de la “Comisión para la elaboración del proyecto de ley de reforma integral del sistema previsional argentino”, cuya misión sería trabajar durante ocho meses (a partir de la eventual aprobación de la ley), para exponer conclusiones sobre los posibles cambios en materia previsional.
Luego, tendrían 30 días corridos (o 90, si media una prórroga), para presentar “propuestas concretas”, en un anteproyecto de ley “acompañado de sus fundamentos técnicos, jurídicos y económicos” y de una estimación del impacto presupuestario que tendría su aplicación.
